Las denuncias realizadas por la Asesoría Jurídica de la ESSAP S.A, contra los usuarios que tienen conexiones clandestinas de agua potable, por constituirse legalmente en autores de hechos punibles tipificado en el art. 189 del Código penal denominado ?Aprovechamiento Clandestino de Una Prestación?.
En el último semestre del año 2014, la ESSAP ha realizado 110 denuncias contra estos usuarios irregulares, sobre quienes ya existe una imputación fiscal realizada por la Agente Fiscal Sonia Mora, quien una vez verificada in situ la irregular conexión procedió a la imputación por el tipo penal de aprovechamiento clandestino de una prestación a los propietarios del inmueble, quienes incluso se encuentran con medidas alternativas a la prisión.
Estas gestiones marcan un precedente muy importante en la empresa estatal, pues se pretende disminuir el perjuicio económico ocasionado por usuarios y particulares inescrupulosos. Las Unidades Fiscales como la Agente Fiscal Gilvi Quiñonez de la Barrial N° 3, y la Agente Fiscal Lucina Alfonso de la Zonal de la ciudad de Fernando de la Mora, han realizado verificaciones e intervenciones que han obligado a los denunciados a que se apersonen hasta la ESSAP para abonar sus cuentas y evitar así imputaciones fiscales o de igual manera buscar la solución con los Fiscales Intervinientes para la obtención de una salida alternativa a sus procesos criminales.
Otra actividad de la Asesoría Jurídica dentro del Plan Operativo Anual, se realiza mediante las demandas civiles contra los usuarios morosos, donde incluso se han obtenido embargos ejecutivos de los usuarios demandados, y que en la etapa procesal correspondiente podrían ser rematados por el no pago de la deuda con la ESSAP S.A. En lo que va del año fueron notificados 1448 usuarios morosos, se han presentado 150 demandas civiles con cuentas certificadas por el ERSSAN, y de estos 12 han abonado y finiquitado sus juicios.
Los usuarios y particulares quienes cuenten con conexiones clandestinas deben acercase a la sede central de la ESSAP, para regularizar su situación o podrían ser imputados por el Ministerio Público, como se está procediendo actualmente, y en caso de morosidad deben cumplir con sus obligaciones de pago, caso contrario se procederá civilmente al embargo y remate de sus inmuebles.
